Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
“Esa es una situación que a mí no me corresponde. Finalmente es una decisión del Congreso y no sé si habrá amparos o no”, dijo María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), al ser cuestionada sobre si espera que su nombramiento sea impugnado.
Luego de resultar electa por el Congreso del Estado para los próximos siete años, declaró que no depende de ella determinar una posible remoción del cargo que ostenta, pues es un aspecto jurídico ajeno a su persona.
En entrevista, dijo que no le compete pronunciarse sobre la presunta ilegalidad de su cargo, sino conocer de la materia para la que fue designada, es decir, todos los asuntos vinculados con la procuración de justicia.
Previo a la decisión de este jueves, organizaciones y activistas alertaron que el nombramiento por siete años y no por cinco meses restantes del período del anterior fiscal, es una violación al artículo 122 BIS de la Constitución Política local, pero además representa una cercanía o genera una especie de “fiscal carnal” con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
En otro tema, la nueva fiscal del estado comentó que luego de la experiencia adquirida en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), se enfocará en atender diversos delitos del fuero común, por ejemplo, el narcomenudeo.
Reconoció que verificará todos los asuntos pendientes de resolver, a fin de brindar el seguimiento adecuado en cada carpeta de investigación.