Naomi Alfaro
[San Luis Hoy]
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo conocimiento desde el 15 de diciembre de una agresión con arma blanca denunciada por una exalumna, contra un profesor en activo de la Facultad de Ciencias a través de la Defensoría de Derechos Universitarios que tiene como encargada de despacho a Olivia Salazar; sin embargo, no emitió pronunciamiento ni tomó medidas institucionales sino hasta 57 días después, tras la difusión pública del caso en redes sociales.
El 15 de diciembre, Isabel acudió a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP. Según su testimonio, lo hizo tras haber acudido a la Fiscalía y luego de ser valorada por un médico legista. Su objetivo era informar a la universidad sobre la gravedad del caso: había sido presuntamente atacada con un cuchillo por un profesor adscrito a la Facultad de Ciencias que continuaba frente a grupo.
La víctima relató que fue atendida por la licenciada Celina Pozos, quien le indicó que, por tratarse de una exalumna, la universidad no podía abrirle una carpeta de investigación. Posteriormente, se le solicitó enviar por correo electrónico la denuncia y las evidencias, bajo el argumento de que su caso quedaría como antecedente en caso de existir nuevos señalamientos contra el docente.
Isabel esperó que se reanudaran formalmente las actividades universitarias para dar seguimiento puntual a su caso. El 13 de enero envió la documentación y recibió un número de folio, con lo que la información fue aceptada formalmente.
El 9 de febrero se hizo público el caso en redes sociales y la universidad reaccionó. El 10 de febrero, la UASLP emitió comunicados en los que informó que tenía conocimiento del caso y anunció la separación del profesor de toda actividad docente.