Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Sólo 12 de los 59 municipios de San Luis Potosí están obligados actualmente por ley a contar con una Coordinación de Derechos Humanos, mientras que en los 47 restantes esta función puede recaer en el área jurídica del Ayuntamiento. El diputado José Roberto García Castillo propuso eliminar este criterio poblacional y establecer la obligatoriedad de contar con esta instancia en todos los municipios.
La iniciativa señala que actualmente no existe un mecanismo público para verificar cuáles Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos operan. El documento identifica referencias de estas instancias en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala, mientras que en Aquismón, Ébano, Mexquitic de Carmona, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Villa de Reyes y Xilitla, municipios que superan los 40 mil habitantes según el Censo 2020, la información institucional correspondiente permanece pendiente de acreditación.