Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, dejó abierta la posibilidad de que se presenten casos de simulación en candidaturas por identidad de género, al no establecer mecanismos adicionales para acreditar la autoadscripción; sin embargo, esos posibles abusos, podrán ser impugnados por la vía jurisdiccional con pruebas que se generen durante las campañas, advirtió la presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Denisse Porras Guerrero.
La magistrada explicó que, aunque el marco legal no incorporó mayores requisitos para evitar una eventual usurpación de espacios destinados a la paridad de género, ello responde a la imposibilidad de imponer restricciones a un derecho humano como la identidad de género. Precisó que, jurídicamente, la autoadscripción se presume de buena fe y no puede condicionarse mediante pruebas al momento del registro de una candidatura.
No obstante, reconoció que la legislación mantiene un vacío que ya ha sido identificado en otros procesos electorales y que podría ser aprovechado para simular postulaciones. “No podemos limitar derechos humanos, pero tampoco podemos ignorar este tipo de situaciones”, afirmó. Señaló que, si durante las campañas surgen elementos que acrediten una posible simulación, éstos pueden dar origen a medios de impugnación posteriores, por lo que “caminos jurídicos sigue habiendo”.
Porras Guerrero sostuvo que una regulación más específica habría facilitado la resolución de este tipo de controversias, aunque insistió en que corresponde también a los partidos políticos actuar con responsabilidad al postular candidaturas y evitar afectar un derecho constitucional como la paridad de género. Añadió que los propios electores también tienen una responsabilidad al decidir el sentido de su voto.
Las declaraciones de la magistrada se producen después de que el Congreso aprobara el paquete de reforma electoral rumbo a los comicios de 2027. Entre los cambios avalados se incluyó la posibilidad de realizar registros digitales de candidaturas, nuevas reglas de financiamiento para juventudes y mujeres, y la modificación para que los exámenes de control y confianza a aspirantes sean únicamente voluntarios. Sin embargo, la legislación mantuvo sin cambios el esquema de autoadscripción de género, uno de los puntos que más debate generó durante la discusión del dictamen.