Rolando Morales
[San Luis Hoy]
La información publicada por el propio Ayuntamiento de San Luis Potosí en la Plataforma Estatal de Transparencia contradice la versión del alcalde Enrique Galindo Ceballos respecto al origen de los laudos laborales que actualmente paga la administración municipal.
Aunque el edil aseguró que la mayoría corresponde a juicios iniciados “hace más de 10, 12 ó 13 años”, los registros oficiales muestran que una parte importante de las sentencias está relacionada con expedientes generados durante su gestión con un total de 161 laudos laborales.
La controversia surgió luego de que la organización Ciudadanos Observando reveló que entre enero y mayo de 2026 el Ayuntamiento erogó 12 millones 222 mil 386 pesos para cubrir sentencias laborales. En respuesta, Galindo Ceballos afirmó que se trata de litigios heredados de administraciones pasadas y sostuvo que su gobierno busca atenderlos sin prolongar innecesariamente los procesos judiciales.
Sin embargo, la revisión de los egresos mensuales, dado a conocer por la propia organización ciudadana, publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia identifica 64 laudos laborales pagados entre enero y mayo de 2026, de los cuales 34 corresponden a 2021, 18 a 2022, seis a 2023, cuatro a 2024 y dos a 2025, años que coinciden con el periodo en el que Enrique Galindo ha encabezado la administración municipal, primero tras asumir el cargo en 2021 y posteriormente luego de obtener la reelección en 2024.
La revisión de los egresos correspondientes a todo 2025 muestra un comportamiento similar. Durante ese año se localizaron 97 laudos laborales con sentencia favorable para trabajadores, distribuidos en 36 expedientes de 2021, 19 de 2022, ocho de 2023, 20 de 2024 y 14 de 2025, de acuerdo con los registros oficiales disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Un laudo laboral es la resolución definitiva emitida por un tribunal para resolver un conflicto entre un trabajador y su empleador. En estos casos, la autoridad determina las obligaciones del Ayuntamiento, que pueden incluir el pago de salarios caídos, prestaciones, indemnizaciones o la reinstalación del empleado cuando se acredita un despido injustificado.