Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
Después de darse a conocer la agresión física en contra de Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por parte de una activista, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que si se comprueba el agravio, es necesario aplicar sanciones.
Luego de ser acusada de cometer tales acciones hacia la funcionaria estatal, María de Jesús Almendárez Prieto, también conocida como Marichuy, víctima y activista, negó haberla agredido y sostuvo que cuenta con pruebas para validar su afirmación.
Torres Sánchez remarcó que no se puede ocultar un hecho violento bajo la excusa de llevar a cabo acciones en favor de la defensa de los derechos humanos. “Eso no existe, tiene límites”, advirtió.
“No hay que abusar. La verdad es que todos somos seres humanos y lo que ocurrió con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no puede pasar desapercibido, debe haber necesariamente algún tipo de sanción”, asumió.
Declaró que algunas personas han encontrado un negocio al momento de asumirse como víctimas o defensores en la materia, sin embargo, el Gobierno del Estado debe ser cuidadoso porque existen quienes lo realizan de forma genuina.
“Hablamos desde el momento en que sucedió este lamentable evento. Ella ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Por supuesto que vamos a darle seguimiento, para deslindar responsabilidades”, subrayó.