Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El Congreso de San Luis Potosí modificó la legislación en materia de educación para personas con discapacidad sin consultar a la población directamente involucrada, una omisión que podría derivar en una acción de inconstitucionalidad contra los cambios al artículo 13 de la Ley de las Personas con Discapacidad.
La posibilidad fue planteada por la activista Catalina Torres Cuevas, quien cuestionó que las y los legisladores hayan decidido qué medidas deben aplicarse a este sector sin preguntarle primero cuáles son sus necesidades.
La inconformidad, particularmente de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva, fue expuesta en una carta abierta dirigida al Congreso.
Torres Cuevas señaló que el problema no es únicamente la falta de participación, sino asumir que una reforma es benéfica para las personas con discapacidad sin escuchar a quienes enfrentarán sus efectos.
Recordó que durante audiencias realizadas en octubre pasado ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se había abordado la necesidad de evitar decisiones paternalistas y de considerar directamente a las comunidades involucradas.
En su escrito, la activista puso sobre la mesa una de las consecuencias que, afirmó, evidencia la falta de políticas educativas diseñadas con la participación de la comunidad sorda: el 90% de los mexicanos que nacieron sordos o adquirieron una discapacidad auditiva antes de aprender español son analfabetas. “Porque no les han preguntado qué necesitan para aprender”, cuestionó.
Por ello, sostuvo que una consulta directa habría permitido plantear modificaciones distintas al artículo 13, orientadas a las necesidades de aprendizaje y accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva.