Si bien el año pasado el gobierno del estado no contrató deuda pública a largo plazo ni Asociaciones Público-Privadas (APP), sí recurrió a la contratación de créditos quirografarios, cuyas solicitudes generaron la apertura del expediente CGE/DIAEP/EIA-204/2026 de la Contraloría General del Estado.
Así lo reveló el informe individual número 1758 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde expuso que el procedimiento inició porque se incurrió en incumplimiento de sostenibilidad y transparencia.
Con la investigación administrativa, la CGE buscó determinar posibles responsabilidades administrativas de las y los servidoras públicas inmiscuidos.
La ASF precisó que la entidad contrató seis obligaciones a corto plazo adjudicadas bajo las mejores condiciones del mercado por un monto de 3,850 millones de pesos, los cuales quedaron inscritos en el Registro Público Único (RPU) de la SHCP.
Sin embargo, no presentó evidencia de haber publicado en su página oficial de internet el análisis comparativo de las propuestas bancarias de ninguno de los seis créditos.
Sobresalió que la Secretaría de Finanzas (Sefin) no presentó evidencia documental, que demostrara la existencia de una insuficiencia de liquidez de carácter temporal para la justificación de contratar dicho monto.