La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo vigente la reforma electoral de San Luis Potosí, pese a los cuestionamientos por permitir evaluaciones de control de confianza, a aspirantes a cargos públicos y no consultar a pueblos indígenas y personas con discapacidad.
La resolución también confirmó la reducción de sindicaturas en los ayuntamientos y el registro electrónico de candidaturas.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Somos y el Poder Ejecutivo Federal, la Corte respaldó los cambios aprobados por el Congreso potosino mediante el Decreto 0571.
La aplicación de controles de confianza fue uno de los puntos más divididos: obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, pese a que las instituciones encargadas de estas evaluaciones, están diseñadas para operar en el ámbito de la seguridad pública.
Las ministras Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Lenia Batres y Yasmín Esquivel rechazaron que estos centros, amplíen sus funciones al terreno electoral. Consideraron que el carácter voluntario de las pruebas, no elimina el posible conflicto de competencias, aunque la mayoría sostuvo que no representan un requisito para obtener una candidatura.