Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Gobierno (CGE), informó que se investiga a Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) para deslindar responsabilidades tras el accidente en el antro Rich.
Sostuvo que antes de que concluya este año se resolverá la investigación en contra de funcionarios estatales por el percance ocurrido el 7 de junio y que dejó dos personas muertas y otras ocho lesionadas.
En entrevista, refirió que ya se citó a los tres funcionarios estatales y a partir de las declaraciones y la indagación administrativa que se realizó, se emitirá la resolución del procedimiento.
Afirmó que el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), órgano jurisdiccional encargado de valorar y determinar cuál es la sanción aplicable a cada uno de los implicados.
“Mira, en su momento cuando se inició justamente después del lamentable suceso, se iniciaron las investigaciones por parte de la Contraloría a los funcionarios que estaban implicados. Ahora sí que de los que otorgaban permiso, los que estaban encargados de hacer las revisiones de los inmuebles”, complementó.
La tragedia se registró derivado del sobrecupo en el acceso al establecimiento, localizado en la plaza Alttus en la avenida Sierra Leona, pues el barandal de cristal templado y metal no soportó la presión de los asistentes y colapsó, provocando la caída de 10 personas desde una altura de más de 10 metros.