Ciudadanos Observando y periodistas demandan derogar la norma que penaliza uso indebido de la IA
Por Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Los artículos de la llamada “Ley Serrano” al Código Penal en materia de Inteligencia Artificial cuestionados por periodistas, organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) seguirán vigentes en San Luis Potosí mientras el Congreso del Estado mantenga sin resolver la iniciativa ciudadana que busca derogarlos.
A menos de dos semanas de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, Ciudadanos Observando exigió a los diputados dictaminar la propuesta impulsada por Artículo 19 y periodistas potosinos, al considerar que varias de las disposiciones incorporadas a la reforma representan riesgos para la libertad de expresión y podrían utilizarse contra ciudadanos, comunicadores o personas críticas.
Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización, señaló que desde antes de la aprobación de la reforma diversos colectivos advirtieron sobre la inclusión de artículos que excedían el objetivo original de sancionar conductas que afectan mediante el uso de inteligencia artificial.
Afirmó que junto con esos apartados fueron incorporadas disposiciones que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran potencialmente lesivas para derechos fundamentales.
El activista sostuvo que esperar una resolución judicial podría prolongar durante meses la vigencia de los artículos impugnados, por lo que insistió en que el Congreso tiene facultades para corregir la legislación sin necesidad de aguardar el desenlace de los recursos legales en curso.
También cuestionó que las iniciativas ciudadanas enfrenten retrasos mientras las propuestas impulsadas por legisladores suelen avanzar con mayor rapidez.
Ciudadanos Observando anunció que se sumará a la movilización convocada para el próximo 22 de junio para exigir modificaciones a la legislación y mantener la presión sobre el Poder Legislativo.
Además, informó que prepara una iniciativa para sancionar los hackeos contra medios de comunicación y organizaciones civiles, al advertir que actualmente existe un vacío legal que dificulta la presentación de denuncias por este tipo de ataques.