Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
La intervención a los servidores de la alcaldía de la capital para el robo de 2.9 gigabytes, admitida por el propio Ayuntamiento, pone en riesgo datos personales, documentos privados, documentos de fe pública, litigios, juicios sucesorios o predios intestados y hasta los datos de los propios trabajadores municipales.
Aunque hasta ahora se desconoce el alcance del hackeo, el acceso a las tripas de lo contenido en los servidores expone cualquier dato que sea visible por quien tiene acceso remoto o por fuera de las redes oficiales.
Por ejemplo, hay información comprometedora de oficinas del Registro Civil que pudiera quedar expuesta, la que incluye datos sensibles que un delincuente puede utilizar para el robo de identidad.
Dependiendo de las líneas a las que un ciberdelincuente podría tener acceso, si así ocurriera, habría posibilidad de ingresar incluso a los archivos de seguridad pública, los que comprometen el historial de personas y su condición de víctimas o victimarios.
La información municipal contenida en los servidores incluye contratos de obra pública, información privada de los miembros del padrón de proveedores e incluso los usuarios morosos que no pagan los impuestos municipales, muebles intestados o abandonados, o aquellos que pudieron derivarse de juicios sucesorios intestamentarios o situaciones no detectadas hasta por los propios usuarios u ocupantes de las viviendas.
Entre los riesgos también se encuentra el hecho de que los hackers pudieran tener acceso a todo dato disponible relacionado con multas, recargos y pagos y hasta el número de propiedades de cualquier ciudadano.
Técnicamente, los hackers tendrían acceso a cualquier dato, ya sea de interés público o protegido, reservado o confidencial, sin pasar por la necesidad de identificarse o dejar alguna identidad de los usuarios o solicitar información de manera formal.