Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El Congreso de San Luis Potosí, no tendría facultades para exigir que el próximo titular de la Fiscalía General del Estado, sea mexicano por nacimiento. Ese es el argumento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma constitucional que incorporó ese requisito.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida el 1 de octubre por la presidenta de la CNDH, Ma. del Rosario Piedra Ibarra, contra el artículo 122 BIS de la Constitución estatal, reformado mediante el Decreto 0589 y publicado el 2 de septiembre. El organismo sostiene que establecer esa condición corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, no a las legislaturas locales.
La Comisión argumentó que el requisito vulnera la seguridad jurídica y el principio de legalidad, protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución federal. Para respaldar su postura, citó resoluciones previas de la SCJN en las que se ha establecido que los congresos estatales no están facultados para restringir el acceso a cargos públicos bajo el criterio de nacionalidad mexicana por nacimiento.
Aunque la Constitución federal exige ser mexicano por nacimiento para encabezar la Fiscalía General de la República, la CNDH señaló que esa disposición no obliga a los estados a imponer el mismo requisito en sus fiscalías.
Por ello, solicitó invalidar la expresión “por nacimiento” y extender los efectos de la resolución a las normas relacionadas.
El recurso quedó registrado con el expediente 130/2026 y fue turnado a la ministra María Estela Ríos González. La reforma impugnada establece un periodo de siete años para la persona titular de la Fiscalía, sin posibilidad de reelección, además de requisitos de edad, formación jurídica, experiencia profesional y residencia, así como restricciones por determinados antecedentes penales y sanciones. También dispone que las nuevas condiciones no se apliquen retroactivamente a la actual fiscal, María Manuela García Cázares.