Rolando Morales
[San Luis Hoy]
El abogado Luis González Lozano, presidente de la asociación civil Cambio de Ruta, advirtió que con la reciente reforma judicial en México, el Juicio de Amparo, instrumento jurídico destinado a proteger los derechos humanos frente a actos de autoridad, podría desaparecer en la práctica, lo que representaría un grave retroceso en materia de justicia y derechos humanos.
Recordó que incluso, antes de la reforma, el amparo no garantizaba una tutela efectiva, pues su acceso era costoso y técnicamente complejo, además de que los tribunales enfrentaban un colapso por falta de recursos y sobrecarga derivada de la pandemia. “Con esta reforma judicial, el juicio de amparo ahora sí tiende a desaparecer”, sostuvo.
González Lozano explicó que ante este panorama, los defensores de derechos humanos y el activismo jurídico analizan recurrir a instancias internacionales, dado que los mecanismos nacionales se encuentran debilitados.
Cuestionó además la falta de autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que calificó como “secuestrada por la 4T” y carente de eficacia para atender violaciones a derechos fundamentales.
El abogado señaló que aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede intervenir en casos de violaciones a convenios internacionales, sus resoluciones son meramente declarativas y no vinculantes, lo que reduce su alcance, aunque advirtió que sus pronunciamientos pueden generar un impacto moral y económico en la imagen del país ante la comunidad internacional.
González Lozano recordó que la creación de la CNDH en 1994 se originó tras presiones económicas de la Unión Europea, que condicionó relaciones comerciales al respeto de los derechos humanos. Por ello, consideró que la actual situación podría tener consecuencias similares si México es señalado nuevamente por organismos internacionales.
Finalmente, señaló que el Sistema Interamericano de Justicia, aunque es una alternativa, resulta lento y poco eficiente, pues los casos pueden tardar entre cinco y siete años en resolverse. “Justicia que no llega a tiempo no es justicia”, subrayó.