EL pleito ya llegó a la Corte

LA relación entre el Ayuntamiento de Enrique Galindo y el Gobierno de Ricardo Gallardo se ha venido calentando. Los tiempos en que se tomaban fotos de amiguis parecen cada vez más lejanos.

AHORA el pleito llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y esta vez no hablamos de declaraciones cruzadas ni del “tú la traes”. Hay un conflicto formal por obras municipales y por algo más delicado: Galindo acusa al Estado de meterse en facultades que corresponden al Ayuntamiento.

POR eso el Municipio promovió la Controversia Constitucional 396/2026 contra el Ejecutivo estatal.

LA Corte admitió el asunto, pero que nadie se confunda: eso no significa que Galindo haya ganado ni que Gallardo haya perdido. Falta resolver el fondo.

PERO políticamente la cosa no queda tan pareja.

ENTRE abril y julio, el Ayuntamiento presentó ante la Contraloría 14 solicitudes de “no objeción” para avanzar con licitaciones.

¿QUÉ demonios es una “no objeción”?

EN pocas palabras, el Municipio manda el proyecto y la Contraloría revisa si tiene algo que observar. Según lo expuesto en el juicio, debía responder en cinco días hábiles.

PERO no contestó.

Y aquí es donde a la Contraloría se le complica bastante la defensa. Es como cuando te acusan de haberte robado la torta y resulta que la traes guardada en el cajón. Podrás explicar después que era tuya, que te la regalaron o que tenías permiso para agarrarla, pero primero tendrás que explicar qué demonios hacía ahí.

ACÁ la torta son 14 solicitudes. No una. No dos. Catorce proyectos con recursos federales que aparecen en el expediente sin respuesta.

SI había errores, que los señalaran. Si faltaban documentos, que los pidieran. Si jurídicamente no procedían, que los rechazaran. Para eso está la Contraloría. Lo difícil de explicar es el silencio.

Y esos expedientes tampoco son papeles para engordar archivos.

DETRÁS puede haber una colonia esperando pavimentación o miles de automovilistas padeciendo todos los días un crucero donde se pretende construir un puente. Mientras los gobiernos se agarran del chongo, el ciudadano sigue pasando por el mismo bache.

ADEMÁS, el Ayuntamiento advirtió ante la Corte que están involucrados 45 millones 913 mil pesos de recursos federales que podrían devolverse si no se ejercen a tiempo.

AHÍ entró la Suprema Corte.

¿Y qué resolvió?

EN términos bastante simples: Contraloría, ¡contesta!

LA suspensión obliga a la dependencia a responder las 14 solicitudes. Puede dar la no objeción o señalar qué está mal. Lo que ya no puede hacer es seguir callada como momia.

ESO tampoco convierte a Galindo en ganador. El alcalde quería que la Corte le permitiera avanzar con las licitaciones sin esperar la no objeción y se lo negaron. Mucho menos se ha resuelto si el Gobierno de Gallardo invadió facultades municipales.

PERO una cosa es el litigio constitucional y otra lo que ya quedó exhibido.

HABÍA 14 trámites sin respuesta y tuvo que intervenir la Suprema Corte para obligar a la Contraloría a contestarlos.

ESO no es un empate.

EL Gobierno estatal tendrá oportunidad de explicar ante la Corte por qué actuó así y ahí se resolverá si cruzó o no la raya constitucional.

PERO la contralora también tiene una explicación pendiente mucho más sencilla, sin ministros, jurisprudencias ni sesudos argumentos constitucionales: ¿por qué no contestaron?

PORQUE si había razones para frenar los proyectos, se dicen.

EL juicio apenas empieza y todavía no tiene ganador. Pero la torta, por lo pronto, sí estaba en el cajón.