UNA responsabilidad pública es que todas las adquisiciones de los equipos de seguridad pública estén apegadas a la legalidad, es decir que no haya puntos de fuga por donde alguna condición no legal pudiera filtrarse en los procesos de compra o arrendamiento de equipos…

EL hecho de que no haya información suficiente sobre los vehículos de seguridad, ya no es cosa de la casualidad, sino una recurrencia, tal vez derivada de una gestión deficiente, de que así se hacen las cosas o de que el personal no está capacitado para distinguir entre la información reservada y la información pública…

ESPERAR mayor transparencia en los actos públicos también es complejo, porque si hay algo a lo que se dedicó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue a pavimentar el camino para la destrucción de las instituciones que ayudan a solicitar la rendición de cuentas, y esa carretera asfaltada convirtió la administración pública en un problema…

DE hecho, la bravuconada lopezobradorista de mandar al diablo a las instituciones comienza a surtir sus peores efectos, porque de la transparencia ya se hizo una pachanga…

MIENTRAS las autoridades mantienen guardados los datos públicos de la adquisición de vehículos de seguridad, de su operación o en su caso de su salida de inventarios, todo parece indicar que lo más famoso es la exhibición en desfiles, en fotografías de trabajo de difusión, en burocracia que frena la operatividad o en su caso la reparación de los vehículos, además de trámites administrativos que no todo mundo sabe hacer…

DE hecho, en la burocracia es más fácil encontrar personas comodinas que verdaderos perfiles de trabajo, que den un poco más allá de los estándares de exigencia y un ejemplo es el manejo que se le da a los vehículos de servicio público…

MANTENER guardada la información de los vehículos blindados, o por lo menos que fluya por canales diferentes al oficial, es una recurrencia que también se ha visto reflejada en otros espacios de la seguridad como la compra de un helicóptero en 2025, aquella de la que sólo se supo de manera oficial pero superficial, sin tomar en cuenta todos los antecedentes que derivaron en la imposibilidad de volar la aeronave…

AQUELLA vez, el alto costo de adquirir el helicóptero ya sea por compra o arrendamiento, no se vio reflejado más que en vehículos parados y multas, quizá por negligencia administrativa o el gusto por la comodidad de trabajar de 8 a 15 horas sin completar los procesos administrativos…

LO que normalmente se pide son resultados, no procesos, es más ni siquiera las coordenadas de un operativo en tiempo real, sino la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos, incluyendo los de regreso de la inversión.

POSDATA: Todo parece indicar que la alcaldía de la capital tendrá su propio esquema de no información pública. Resulta que este martes surgió información acerca de los resultados del Festival San Luis en Primavera, pero no hay costos ni contratos difundidos de manera oficial. En ese sentido, la falta de información se asemeja a la que se refiere a la Feria Nacional Potosina, de la que históricamente no hay información y por igual, también mantiene en información reservada de manera injustificada, contratos de grupos musicales y demás espectáculos.

REMATE: El diésel a 30 pesos por litro ya es cosa de locos. Habrá que ver la desembocadura de lo que viene.

EPÍLOGO: Y como dice el dicho “Otra vez la burra al trigo”. El alto costo del suelo en San Luis Potosí es el gran responsable del alza del precio de la vivienda.