Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Casi ocho de cada 10 recursos de revisión recibidos por una de las tres ponencias de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) fueron desechados entre julio y septiembre de 2026.
El dato, incluido en el tercer informe trimestral del organismo, corresponde a 184 de los 239 asuntos turnados a esa área, pero el documento no precisa cuáles de las causales legales de improcedencia se aplicaron en cada expediente. La diferencia contrasta con los resultados de las otras dos ponencias: la primera desechó 58 de 239 recursos y la segunda, 68 de 238.
En total, la CEGAIP recibió 716 asuntos durante el trimestre y desechó 310. Aunque el informe atribuye estas determinaciones a causales previstas en el artículo 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, no desglosa las razones específicas detrás de los 184 desechamientos de la tercera ponencia.
En cuanto a los recursos resueltos, el organismo reportó 130 durante el periodo: 66 concluyeron por sobreseimiento, 29 derivaron en modificaciones a las respuestas de los sujetos obligados, 23 en revocaciones y 12
en confirmaciones.
El sobreseimiento representó poco más de la mitad de las resoluciones, aunque se trata de una figura jurídica distinta del desechamiento y el informe no detalla las circunstancias de cada caso.
La comisión también registró mil 491 solicitudes de acceso a la información dirigidas a sujetos obligados. El Poder Ejecutivo concentró 610 y los ayuntamientos, 520; entre estos últimos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió 262. Además, la CEGAIP reportó 35 actuaciones técnicas de verificación, 40 denuncias por presuntos incumplimientos de obligaciones de transparencia y ocho actividades de capacitación con 179 participantes. Al cierre de septiembre, tenía 305 expedientes pendientes de resolución.
El comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, entregó el informe al Congreso del Estado en medio del proceso de extinción de la CEGAIP, derivado de la reforma constitucional que modifica el sistema estatal de transparencia.