(EFE)
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda de México confirmó este viernes que permitirá al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, acceder a los recursos de sus pensiones, aunque el resto de sus cuentas bancarias permanecerá sujeto a restricciones.
La dependencia explicó en un comunicado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dará cumplimiento a una suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que autoriza al político a disponer de los futuros pagos de sus pensiones.
La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del tribunal, establece que Rocha Moya podrá acceder únicamente a los recursos procedentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
la Universidad Autónoma
de Sinaloa.
Hacienda precisó que estos ingresos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones, por lo que la medida judicial obliga a permitir su disposición.
Sin embargo, aclaró que la resolución no supone el desbloqueo total de las cuentas bancarias del político.
“Los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, indicó la dependencia.
Narcotráfico en EE.UU.
Las cuentas de Rocha Moya permanecían bloqueadas desde mayo pasado, cuando la UIF incluyó al político, a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa en su Lista de Personas Bloqueadas, tras conocerse acusaciones de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cartel
de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusó en abril de presuntamente colaborar con la organización criminal, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, vinculada a los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
Según las autoridades estadounidenses, los señalados habrían facilitado actividades de narcotráfico a cambio de sobornos y apoyo político. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones en su contra.
En mayo, la UIF explicó que el congelamiento de cuentas respondió a reportes de instituciones financieras mexicanas derivados de los señalamientos de Estados Unidos, y subrayó que se trataba de una medida preventiva que no implicaba acreditar responsabilidad penal.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también señaló entonces que las restricciones respondían a mecanismos preventivos del sistema financiero y no constituían una determinación de culpabilidad.
La decisión judicial conocida este viernes no modifica las restricciones impuestas sobre los demás recursos de Rocha mientras continúa el procedimiento legal.
La Secretaría de Hacienda reiteró que acatará las resoluciones judiciales y mantendrá sus acciones para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.