[El Universal]
CIUDAD DE MÉXICO.- El millonario negocio de drogas sintéticas que se le atribuye a “Los Chapitos” no está construido por un solo apellido. Para producir fentanilo y metanfetamina y colocar sus ganancias en la economía formal, los herederos de Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, se apoyaron en diversas familias sinaloenses que operaron como proveedoras de precursores químicos y lavadoras de dinero. En este trabajo ampliamos la información que dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero podrían ser muchas más estructuras.
Durante las últimas dos décadas, los Guzmán, junto con las familias Núñez, Marín, Favela y Zamudio, construyeron un entramado empresarial legal de desarrollos inmobiliarios, constructoras, hoteles, agrícolas, plataformas de criptomonedas, firmas químico-farmacéuticas, gasolinerías y comercios minoristas distribuidos en varias ciudades de los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California.
Los integrantes de estas familias conforman una amplia red de personas y empresas boletinadas entre 2012 y 2025 por la OFAC, resultado que en varias ocasiones se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México.
En los últimos 13 años, las autoridades han sancionado a 59 personas físicas y 37 empresas vinculadas con esta facción.
Para esta investigación se rastrearon las personas físicas y morales señaladas por la OFAC en registros públicos y bases de datos oficiales, lo que permitió identificar otras 35 empresas relacionadas con la red, aunque éstas no han sido sancionadas por la autoridad. A pesar de las acusaciones, sólo seis compañías han sido disueltas de manera oficial, otras cerraron sus establecimientos, cambiaron de nombre, e incluso trasladaron su domicilio a otras ciudades.
Unas 10 compañías y personas físicas de distintas familias obtuvieron permisos oficiales, como licencias de construcción para edificar torres de condominios, fraccionamientos, casas residenciales, plazas y locales comerciales, en ciudades de Sinaloa y Baja California.
También se encontró que al menos 16 empresas boletinadas fueron proveedoras de los gobiernos de Sinaloa, Baja California y Sonora, así como del gobierno federal. Además, algunas recibieron apoyos productivos del gobierno como tractores y toneladas de semillas.