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Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington, D.C., solicitó a un juez federal que prohíba al Departamento de Justicia retener fondos federales destinados a víctimas de delitos si los estados no cooperan con las acciones de la administración Trump contra la inmigración.
La demanda presentada el lunes en el tribunal federal de Rhode Island busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que recortarían fondos a un estado o beneficiario si este se niega aplicar las leyes de inmigración civil, niega a las autoridades migratorias federales el acceso a instalaciones o no proporciona aviso previo de las fechas de liberación de individuos posiblemente buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su estatus migratorio.
La demanda solicita que se eliminen las condiciones, argumentando que la administración está excediendo su autoridad constitucional y administrativa.
La demanda también argumenta que los requisitos no están permitidos ni especificados en la Ley de Víctimas de Delitos, y que interferirían con políticas creadas para asegurar que las víctimas y testigos reporten delitos sin temor a la deportación.
“Estas personas no pidieron este estatus como víctimas de delitos. No se dividen claramente a lo largo de líneas partidistas, pero comparten un rasgo común, que es que han sufrido un trauma inimaginable”, afirmó durante una conferencia de prensa en video el lunes el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, calificando la amenaza de la administración de retener fondos como “el acto más atroz” que ha visto en política.