(El Universal)
Ciudad de México.- Un juez federal ordenó al gobierno de México y al de Michoacán implementar acciones efectivas para evitar el desplazamiento forzado en el estado, por la colocación de artefactos explosivos caseros terrestres sembrados por el crimen organizado en la región de la Tierra Caliente.
Al conceder una suspensión definitiva a un grupo de jornaleros que tramitó un amparo contra la omisión de autoridades para destruir los artefactos explosivos sembrados, el titular del Juzgado Primero de Distrito, Sergio Santamaría Chamú, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum deberá instruir a las dependencias competentes en la parte social y económica para la atención, cuidado y rehabilitación de las víctimas de las llamadas “narcominas”.
“Deberán implementar las acciones que resulten efectivas para que, salvaguardando en la mayor amplitud posible los derechos humanos de las personas quejosas, les garanticen la prohibición de ser objeto de desplazamiento forzado, como consecuencia de la situación que prevalece en esa zona del Estado de Michoacán, motivada por la colocación de los mencionados artefactos explosivos, que pudiera ser determinante para que abandonen sus hogares o empleos, por temor a perder la vida o sufrir graves daños en su integridad personal (como aconteció en el caso de las mujeres de la población de Aguililla, Michoacán”, señaló en acuerdo publicado.
Santamaría Chamú dio a Sheinbaum Pardo un plazo de 48 horas para elaborar un plan para ubicar, señalizar y retirar las minas terrestres sembradas por los grupos criminales en diferentes regiones del país, principalmente en la región de la Tierra Caliente.
En su demanda de amparo, los jornaleros expresaron que “durante décadas el crimen organizado ha tenido bajo el yugo a todas las personas que viven en el Estado de Michoacán, siendo objeto de múltiples delitos, tales como secuestros, extorsiones, desaparición forzada de personas cometidas por particulares, homicidios, e infinidad de crímenes violentos, sin que las olas de criminalidad disminuyan, por el contrario, día con día aumentan, sin que las autoridades pertenecientes a la Federación y al Estado, realicen alguna acción concreta, específica y contundente para garantizar la vida y seguridad de las personas michoacanas”. Por lo anterior, aseguraron que “en Michoacán, no se puede vivir en paz”.