(El Universal)
CIUDAD DE MÉXICO.- Amnistía Internacional México, Fundación para la Justicia y el Grupo Argentino de Antropología Forense denunciaron que en México el gobierno utilizó el sistema de justicia penal para investigar y espiar a tres defensoras de derechos humanos en 2016.
Las activistas que fueron espiadas son la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la directora del Grupo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti, quienes fueron sujetas a una investigación indebida del Estado mexicano por presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro, ya que se encontraban indagando las masacres de San Fernando, Tamaulipas, entre 2010 y 2011.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República, realizó en 2016 una investigación judicial indebida, y espionaje ilegal en contra de tres defensoras que realizaban investigación de las fosas de San Fernando”, dijeron.
La SEIDO interceptó sus comunicaciones telefónicas y geolocalización, sin sustento de evidencias suficientes que mostraran su relación con algún delito.
Representantes de las organizaciones subrayaron, en conferencia de prensa, que las autoridades responsables no han sido procesadas por las presuntas violaciones a derechos humanos que cometieron.