
(EFE)
Ciudad de México.- Al menos 1,2 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita fueron asegurados durante un allanamiento a un predio del municipio de Allende, en Nuevo León, como parte de una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la FGR, Sedena, Semar, la Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Civil del estado.
La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia El Maguey, en la calle Progreso, precisaron las autoridades mexicanas en un comunicado.
De acuerdo con la información, el predio operaba sin medidas de seguridad y almacenaba hidrocarburo de procedencia ilícita, lo que representaba un riesgo para la población.
La orden de cateo fue autorizada por un juez de control, luego de obtener pruebas suficientes mediante labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil.
Durante la operación fueron asegurados 10 contenedores móviles, un tractocamión, 10 pipas, seis tanques cilíndricos, dos bidones de 1,000 litros y un tambo con capacidad de 200 litros.
“En seguimiento a las acciones para inhibir el robo de combustible en el país, elementos del Gabinete de Seguridad (…) aseguraron 1.200.000 litros de hidrocarburo, así como pipas y contenedores”, informó en redes sociales el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
Este operativo se suma al cateo realizado en Coatzacoalcos, Veracruz, donde autoridades federales desmantelaron una planta clandestina para el procesamiento ilegal de hidrocarburos.
En este segundo allanamiento se recuperaron más de 500.000 litros de crudo, avaluados en unos 25 millones de pesos (casi 1,25 millones de dólares) y se aseguró infraestructura utilizada para producir diésel artesanal y otros derivados. Ambos casos forman parte de una estrategia integral del Gobierno de México para frenar el mercado ilícito de combustibles.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso para actuar de manera coordinada y permanente en pro de combatir esta actividad ilegal que representa riesgos económicos, sociales y ambientales.