(El Universal)
Ciudad de México.- A lo largo de 2025, los alcaldes estuvieron en la mira criminal. Siete fueron asesinados en cuatro estados: tres en Michoacán, dos en Oaxaca, uno en Guerrero y uno más en Hidalgo.
El 15 de mayo fue asesinado Mario Hernández, de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. Fue emboscado cuando viajaba en una camioneta de la policía municipal. El 28 de mayo fue baleado Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, cuando circulaba por la Autopista del Sol. Cinco días después falleció por las heridas.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue, sin duda, el caso que mayor repercusión tuvo a nivel nacional. Fue ejecutado la noche del 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas por un joven menor de edad. El momento quedó grabado en video. Semanas antes había reclamado al gobierno federal el retiro de las fuerzas de seguridad del municipio.
Si bien, autores materiales son detenidos, no se llega a los autores intelectuales reales, las personas que ordenaron el crimen y que guardan los motivos.
“Para los cárteles es importante el control de los gobiernos municipales, porque desean tener bajo su órbita las direcciones de policía, las de tránsito, y en casos extremos, a las direcciones de obra pública porque manejan un presupuesto robusto que sirve a los intereses de los cárteles”, comenta David Saucedo, especialista en seguridad.
De acuerdo con información de Data Cívica, en 2023 no se registró ningún asesinato de alcaldes, mientras que en 2024 mataron a nueve: dos de Oaxaca, dos en Michoacán, tres en Guerrero, uno en Puebla y uno más en San Luis Potosí. En 2025, la cifra se cerró en siete.
Asimismo, David Saucedo refiere que, de manera previa, antes de que los alcaldes tomen posición en sus cargos, los grupos criminales ya hicieron su trabajo, es decir, financiaron campañas políticas e incluso amedrentaron a candidatos que no son afines a sus proyectos.
En muchas ocasiones, expone el especialista, los alcaldes se doblegan a los grupos criminales por una directriz que emite el propio gobierno estatal.