Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
En abril del 2023, tres policías de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez, levantaron y torturaron a dos jóvenes, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Por ello, emitió la Recomendación No.07/2024 a Araceli Martínez Pérez, otrora presidenta municipal. Al respecto, la actual administración soledense dio por aceptada la recomendación, e indicó que se avanza en su cumplimiento.
Según el expediente de queja 3VQU-0059/2023, el 24 de abril del 2023 alrededor de las 9:00 horas cuando regresaban de una entrevista de trabajo, fueron abordados por tres agentes policiales de ese municipio, dos mujeres y un hombre, quienes los detuvieron de forma arbitraria.
Después los golpearon en las costillas y en la nuca y luego les dieron patadas en la cara y cabeza. Posteriormente, los llevaron a la planta tratadora de El Morro, donde los bajaron para proceder a bajarles el pantalón y tablearlos en las nalgas.
En la continuación de las agresiones, los rociaron con gasolina y los obligaron a bajar por un ducto, del cual solo uno de ellos cayó hasta el fondo, pero pudo sostenerse, mientras que el otro quedó colgando y pudo solicitar auxilio.
Cometido el ataque, los oficiales detonaron sus armas de fuego y se retiraron del lugar. Todo ello lo dio por ciento la CEDH, porque la DGSPM se negó a colaborar en la entrega de reportes sobre el actuar de sus policías; desdeñó dos peticiones de información presentadas por el organismo autónomo.
Entre los puntos recomendatorios, exhortó al gobierno soledense colaborar en la denuncia por el delito de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y lesiones calificadas que presentaron los jóvenes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y reparar de forma integral el daño causado.
Al respecto, la alcaldía aseguró que la recomendación fue aceptada el pasado 7 de octubre de 2024.
El secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, informó que en el cumplimiento de la recomendación, las víctimas quedaron inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, y se les brindó la atención psicológica especializada que requieren.
Además, se instruyó a la Subdirección de Inspección General de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los servidores públicos que pudieran haber incurrido en actos u omisiones.