Provocaron una riña en Prados, de donde resultaron dos lesionados con arma blanca
Redacción
[San Luis Hoy]
Una denuncia ciudadana permitió a la Guardia Civil Estatal (GCE) frustrar un intento de privación de la libertad en la colonia Prados Segunda Sección, en Villa de Pozos.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes respondieron a un auxilio sobre un presunto intento de “anexar” contra su voluntad a un hombre. Al llegar, encontraron a cinco sujetos involucrados en la agresión, quienes fueron detenidos en el lugar.
Entre los asegurados se identificó a Eduardo “N”, de 36 años, señalado como encargado de un centro de rehabilitación y con antecedentes criminales por diversos delitos. También fueron arrestados Daniel “N” (24 años), Óscar “N” (25), Pedro “N” (21) y Carlos “N” (27), este último con una lesión causada por arma blanca.
El presunto afectado, Ángel “N”, de 21 años, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero también quedó a disposición de las autoridades por el delito de lesiones, ya que se le aseguró una navaja con la que habría herido a al menos uno de los agresores.
Según una explicación técnica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, este tipo de hechos puede configurar privación ilegal de la libertad, al tratarse de un intento de internamiento involuntario en un centro de rehabilitación sin el consentimiento del afectado.
Cabe mencionar que actualmente se legisla para tipificar este tipo de acciones como delito, conforme a la iniciativa impulsada en el Congreso local por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, que busca eliminar el internamiento involuntario de la Ley de Salud Mental y de la Ley de Prevención y Control de Adicciones, además de incluirlo expresamente en el Código Penal del
Un abogado especialista en materia penal —que solicitó el anonimato por razones de seguridad— advirtió que algunos de estos supuestos “anexos” o “patrullas espirituales” funcionan como fachada del crimen organizado, que aprovecha el contexto de adicciones para reclutar personas y enviarlas a delinquir a otras regiones del estado.
De acuerdo con versiones extraoficiales, operan al menos tres grupos de “cazadores de adictos” en San Luis Potosí, sin que en todos los casos exista consentimiento de las familias ni supervisión de autoridad alguna.
Como contexto, la Fiscalía General del Estado detalla que la privación ilegal de la libertad se configura cuando un particular priva a otro de su libertad sin consentimiento (artículo 364 del Código Penal Federal), a diferencia del secuestro, que implica obtener rescate o causar daño, y de la trata de personas, que busca la explotación de las víctimas.