Melchor Eduardo Castillo es acusado por violencias contra su expareja
Por Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Rebeca Mireles, exempleada municipal de Matehuala, denunció omisiones sistemáticas y encubrimiento institucional en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), que han impedido llevar ante la justicia a Melchor Eduardo Castillo Orozco, actual titular de la Policía de Métodos de Investigación (PDI) en ese municipio, a quien acusa de haberla agredido y de haber difundido sin consentimiento videos íntimos suyos.
La víctima narró que fue pareja de Castillo Orozco durante seis años, periodo en el que sufrió violencia física, emocional y amenazas constantes con armas de fuego de cargo. Aunque el funcionario fue vinculado a proceso por violencia familiar, el delito de difusión ilícita de imágenes (denunciado desde septiembre de 2022) permanece impune a casi tres años de los hechos. “Perdí mi empleo, estuve muy mal emocionalmente. Tuve que emigrar a Estados Unidos por el miedo que tenía”, relató a Pulso.
Mireles aseguró que, pese a que la carpeta de investigación ya cuenta con los elementos suficientes para solicitar una audiencia inicial por ese delito, los fiscales encargados del caso se han negado reiteradamente a actuar.
En múltiples ocasiones acudió con el Delegado Segundo de la FGESLP, Pedro Martínez Perales, para exigir avances, sin obtener respuestas. “Yo solo quería que me regresaran un poco de la dignidad que perdí”, señaló.
Afirmó que Castillo Orozco grababa videos sin su consentimiento y la amenazaba con difundirlos si ella lo dejaba. Eventualmente, uno de los videos —donde se le ve el rostro— fue enviado vía WhatsApp. Su equipo legal ha solicitado actos de investigación relacionados con su teléfono, el del agresor y la conservación de datos digitales, pero el Ministerio Público no ha acordado ninguna de esas diligencias.
Además de las irregularidades en la integración del expediente, Rebeca Mireles denunció directamente al personal de la FGE por presunto encubrimiento. Contó que un agente de investigación, identificado como Erik, le confesó en una reunión que sí había rendido un informe clave del caso, pero que se le ordenó no entregarlo. “Me dijeron que lo guardara, que no lo entregara. Así me dijo, entre los labios”, recordó. “Esto fue hace un año y desde entonces nada ha avanzado”.
Su equipo jurídico presentó una denuncia formal ante el visitador general Carlos Gustavo Rodríguez Cruz contra los fiscales del caso, y una queja dirigida al Vicefiscal José Pedro Gómez Ávila, solicitando que la carpeta de investigación sea integrada en la capital del estado, ante los evidentes conflictos de interés.
Rebeca Mireles también sostuvo que su agresor no solo se mantiene activo, sino que ha utilizado su posición jerárquica para obstaculizar el debido proceso. “Él está al mando de todos los policías investigadores. ¿Cómo va a permitir que lo investiguen?”.
También reclamó que no se ha cumplido con la llamada Ley 3 de 3, que impide a agresores y violentadores ocupar cargos públicos. “Mis abogados le han manifestado a los jueces que se le separe del cargo o que lo trasladen a otra ciudad, pero nunca han acordado nada. Hay un interés por cubrirle las espaldas desde la fiscalía, incluso ya se llegó hasta los jueces”.
Por miedo a represalias y a que sus hijos fueran estigmatizados, Mireles tomó la decisión de enviarlos a Estados Unidos. “Ya no volví a ser yo. Tengo tres hijos. En ese entonces eran adolescentes y por el miedo de que alguien les mostrara el video y les dijeran ´mira a tu mamá´, los mandé lejos”, comentó.
La víctima subrayó que esta impunidad ha tenido un alto costo personal: “Él me mató en vida. Yo ya estaba desempeñándome en lo que me gustaba, me apagó. Ya no pude disfrutar mi vida. Busco que mis hijos vean que su mamá hizo lo posible para que se hiciera justicia”.