La industria cementera mexicana enfrenta un escenario complejo ante la combinación de nuevas cargas fiscales a nivel estatal, el incremento de importaciones y la presencia de productos comercializados fuera del mercado formal, factores que podrían generar presiones sobre los costos, la inversión y la competitividad del sector.
Uno de los temas que genera mayor preocupación entre los productores es la implementación de impuestos ambientales estatales asociados con la extracción y transformación de materias primas. Desde la perspectiva de la industria, estos gravámenes representan costos adicionales que podrían repercutir en los distintos eslabones de la cadena productiva y, eventualmente, reflejarse en el precio de los materiales destinados a la construcción.
José María Barroso, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), señaló que este tipo de medidas también podría tener efectos sobre las inversiones orientadas al uso de residuos industriales y combustibles alternos, estrategias que forman parte de los esfuerzos del sector para disminuir emisiones y avanzar hacia modelos de producción más sostenibles.
A este panorama se suma el aumento en la llegada de clínker y cemento procedente de países asiáticos. De acuerdo con la industria nacional, algunos de estos productos ingresan al país con precios inferiores a los que enfrentan los fabricantes locales, situación que ha abierto el debate sobre las condiciones bajo las cuales compiten las importaciones y los productores establecidos en México.
Ante las inquietudes del sector, integrantes de la CANACEM han sostenido acercamientos con la Secretaría de Economía para analizar la evolución del mercado y plantear medidas que contribuyan a establecer condiciones de competencia equilibradas entre los productos nacionales y los importados.
Por otra parte, la comercialización de cemento fuera de los canales formales representa otro desafío para la industria. Una de las prácticas identificadas es la venta de material adulterado o de procedencia irregular mediante el uso de envases asociados con marcas reconocidas, fenómeno que en el sector es conocido como “cemento huachicol”.
Estos productos pueden comercializarse a precios por debajo de los niveles habituales del mercado, pero su composición, origen y características técnicas no siempre pueden ser comprobados por los compradores. Esta situación genera riesgos para quienes utilizan el material en proyectos de construcción, al no contar con certeza sobre su calidad o desempeño.
La presencia de cemento ilegal se ha detectado en diferentes zonas del país y representa un doble desafío para la industria formal: por un lado, genera distorsiones en las condiciones de competencia y, por otro, plantea preocupaciones relacionadas con la calidad de los materiales empleados en las obras.
Ante estos retos, el sector plantea fortalecer el marco regulatorio aplicable a la fabricación y comercialización del cemento. Entre sus propuestas se encuentra establecer como obligatorios los requisitos relacionados con la calidad del producto, en lugar de mantenerlos bajo esquemas voluntarios.
El objetivo sería avanzar hacia una mayor trazabilidad de los materiales, establecer parámetros comunes para todos los participantes del mercado y ofrecer mayores garantías a consumidores, constructores y desarrolladores sobre las características de los productos utilizados en las obras.