María Elena Cruz
[San Luis Hoy]
A un año de su aprobación por el Congreso del Estado y su supuesta entrada en vigor, se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) las reglas de operación del Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, así como un acuerdo administrativo de estímulos fiscales a dicho gravamen en 2025.
Al mismo tiempo, el abogado ambientalista Luis González Lozano señaló que hay elementos suficientes de inconstitucionalidad en el manejo dado por el gobierno estatal que justifican la presentación de amparos.
El nuevo impuesto fue aprobado en diciembre de 2023 por el Congreso y debía entrar en vigor el 1 de enero del año pasado. Sin embargo, la recaudación fue aprobada sin sus respectivas reglas de operación, por lo cual la entrada en vigor de dicho impuesto fue pospuesta en diversas ocasiones, quedando como fecha oficial el 1 de enero de este año. La Sefin espera captar 40 millones de pesos este año por esa vía.
La Sefin tasó el pago en 3 UMAs por tonelada emitida de bióxido de carbono emitido por las empresas que emitan gases que afecten la calidad del aire.
Un acuerdo emitido por separado establece incentivos fiscales que prácticamente incluyen a todas las industrias obligadas a pagar el impuesto.
Al respecto, González Lozano indicó que el decreto y las reglas de operación presentan anomalías que justificarían declarar al impuesto por la vía de un amparo.
Entre otros, menciona que el impuesto ambiental carece de proporcionalidad y equidad, lo que podría violar principios constitucionales. Además, afecta a los contribuyentes al no justificar adecuadamente la carga tributaria impuesta.
Por otra parte, impacta a los contribuyentes pues establece una carga económica injusta, ya que empresas que implementan procesos sustentables son igualmente gravadas, sin considerar inversiones previas en tecnologías limpias. (Con información de Jaime Hernández)