Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para establecer penas más severas para quienes cometan negligencia en el ejercicio de profesiones de la salud y para quienes sustituyan medicamentos prescritos de manera indebida en farmacias.
La diputa expuso que, entre los casos recientes que motivan la iniciativa, se encuentra el de una mujer que denunció haber vivido seis meses con un catéter doble vencido tras una cirugía fallida. Otro caso involucró a un menor de edad que sufrió un paro cardiaco luego de que una enfermera le administrara un medicamento incorrecto, lo que requirió su ingreso a terapia intensiva.
De acuerdo con la iniciativa, las y los profesionales de la salud que incurran en negligencia podrán ser inhabilitados de uno a dos años en el ejercicio de su profesión y, en caso de reincidencia, podrán ser privados del derecho a ejercerla. Además, deberán reparar los daños ocasionados, incluyendo los gastos médicos o funerarios derivados de sus actos. La pena se incrementará en un 50% si un médico se ostenta con una especialidad no validada legalmente.
En el caso de farmacias o boticas, los responsables que sustituyan un medicamento recetado por otro que cause daño o sea inapropiado podrán recibir una pena de uno a tres años de prisión. También enfrentarán sanciones económicas de 60 a 200 días de salario mínimo y la obligación de reparar los daños ocasionados.
La iniciativa establece que, en los casos dolosos o culposos, las acciones serán perseguibles conforme a la ley vigente y se contemplan mecanismos para garantizar la reparación integral del daño causado a los pacientes. Asimismo, se señala que los profesionales serán responsables no solo de sus actos, sino también de los realizados por sus auxiliares cuando actúen siguiendo sus instrucciones.
Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en las comisiones correspondientes del Congreso para su estudio y dictamen. De aprobarse, implicaría un endurecimiento de las sanciones en el ámbito penal, para garantizar la protección de los pacientes y reducir la impunidad en casos de negligencia médica o sustitución indebida de medicamentos.