
Por Leonel Mora
[San Luis Hoy]
Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) por San Luis Potosí pidieron la creación de un nuevo fondo nacional para atender las consecuencias de desastres naturales, que opere “con criterios técnico y no políticos”, y también fijaron postura sobre la reforma a la Ley de Amparo, de la que dijeron que “debilita el sistema de justicia y deja indefensos a los ciudadanos frente al poder del estado”.
En el primer tema, la legisladora Nubia Iris Castillo Medina y el diputado David Azuara Zúñiga coincidieron en que el país necesita recuperar “un mecanismo transparente y permanente para atender emergencias y desastres naturales, por lo que reiteramos la propuesta del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (Fasden) impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN”. Este nuevo fondo, dijeron, busca sustituir al (Fonden) que el régimen morenista desapareció en el 2021.
“No se trata de colores ni de campañas, sino de garantizar que las comunidades reciban ayuda cuando más lo necesitan, con orden, planeación y transparencia”, dijeron los legisladores potosinos.
De paso, anunciaron la apertura de un centro de acopio en Basalenque No. 360, colonia Virreyes, en la capital potosina, donde esta semana se recibirán apoyos en especie para las familias afectadas por las lluvias en San Luis Potosí.
En el segundo tema, el de la reforma a la Ley de Amparo, David Azuara recordó que el juicio de amparo es “la más grande aportación de México al constitucionalismo mundial y es el escudo que, durante más de un siglo, ha protegido a las y los ciudadanos de la arbitrariedad, la corrupción y el autoritarismo. Hoy tenemos la obligación moral y constitucional de defenderlo”.
En la tribuna del Congreso nacional el legislador advirtió que la reforma otorga “más facultades al gobierno para congelar cuentas, clausurar negocios o detener personas sin control judicial, al impedir que los jueces otorguen suspensiones ante actos arbitrarios o ilegales”.
Además, se restringe el interés legítimo, figura que permite a organizaciones civiles defender causas colectivas relacionadas con el medio ambiente, la salud o los derechos de comunidades indígenas.