Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El diputado Marco Gama Basarte, secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención Social del Congreso del Estado, advirtió que la reforma constitucional que permitirá a policías estatales y municipales realizar labores de investigación, no puede traducirse en improvisación, duplicidad de funciones, ni vulneración de derechos humanos.
Aunque el dictamen fue aprobado por unanimidad en Comisiones Unidas y será votado en el Pleno la próxima semana, el legislador subrayó que su aplicación exigirá controles claros para evitar excesos.
La reforma, dijo, armoniza el artículo 122 de la Constitución local con la modificación al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en diciembre de 2024. Con ello, la investigación de los delitos del fuero común dejará de ser exclusiva del Ministerio Público y podrá ser realizada también por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Civil Estatal y las policías municipales, aunque bajo la conducción y mando del Ministerio Público, que mantendrá la facultad exclusiva de perseguir los delitos ante los tribunales.
Gama Basarte sostuvo que la ampliación de facultades puede fortalecer la capacidad institucional frente al rezago e impunidad, pero insistió en que sin reglas precisas podrían generarse intervenciones desordenadas o versiones encontradas entre corporaciones estatales y municipales. “No podemos permitir que derive en improvisación o en la vulneración de garantías”, afirmó, al señalar que deberán salvaguardarse el debido proceso y la presunción de inocencia en cada actuación policial.
El legislador reconoció además que en las condiciones actuales sería complejo aplicar la reforma, particularmente en municipios con plantillas reducidas de elementos y pendientes en materia de evaluación y profesionalización. Por ello, justificó que la entrada en vigor será gradual: el 1 de enero de 2027 para el ámbito estatal y el 1 de enero de 2028 para las policías municipales, periodo que deberá aprovecharse para capacitación, controles de confianza y fortalecimiento institucional.
“En Movimiento Ciudadano votamos a favor del dictamen y daremos seguimiento a la elaboración de las leyes secundarias, donde deberán establecerse con claridad procedimientos, límites y responsabilidades”, agregó.
