Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
A pesar de las acciones emprendidas durante 2025, en San Luis Potosí continúa la operación de universidades irregulares, conocidas como “patito”, que ofertan programas académicos sin contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o con autorizaciones incompletas, lo que mantiene en riesgo a estudiantes que podrían quedar sin título ni cédula profesional.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que a lo largo del año se detectaron y monitorearon alrededor de 10 planteles con inconsistencias en su oferta educativa, principalmente en licenciaturas de alta demanda. En varios casos, detalló la dependencia, las instituciones cuentan con algún reconocimiento federal, pero carecen de autorización estatal para determinadas carreras, situación que genera vacíos legales y afectaciones académicas para los alumnos.
Frente a este panorama, la SEGE desplegó operativos de verificación y control, que incluyeron revisiones administrativas, solicitudes formales para la regularización del RVOE, así como la suspensión de inscripciones en programas que no acreditaron cumplir con la normatividad. En los casos donde persistieron las irregularidades, se iniciaron procedimientos sancionadores y se dio aviso a las instancias correspondientes.
Como parte de las acciones preventivas, la dependencia actualizó y difundió el padrón de instituciones con validez oficial, con el objetivo de que aspirantes y familias puedan corroborar, antes de inscribirse, que tanto el plantel como la carrera cuentan con autorización vigente. Asimismo, se reforzaron las labores de orientación durante los periodos de admisión y la atención a quejas por posibles fraudes educativos.
La autoridad educativa reiteró que la verificación del RVOE debe realizarse por programa académico y no solo por institución, y llamó a la comunidad estudiantil a denunciar cualquier irregularidad detectada.
Si bien el fenómeno no logró erradicarse al cierre de 2025, la SEGE sostuvo que las medidas implementadas permitieron contener la proliferación de estas universidades y sentar las bases para endurecer la vigilancia y sanción en 2026, con el fin de cerrar el paso a la simulación académica en la entidad.