A diez meses de agresión sexual madre denuncia posible encubrimiento oficial
Nayeli González
[San Luis Hoy]
En septiembre de 2024, un niño del grupo especial del Instituto Marista fue víctima de una agresión sexual dentro de las instalaciones del propio colegio, según lo determinó una médica legista de la Fiscalía General del Estado.
Aunque la denuncia fue interpuesta ante el agente del Ministerio Público y el colegio fue notificado formalmente, diez meses después no hay avances sustanciales ni sanción para los responsables.
La madre del menor ha denunciado públicamente revictimización, negligencia y omisiones tanto por parte del colegio como de la Fiscalía.
Fue hasta abril de 2025, más de siete meses después del ataque y tras una denuncia pública por la falta de avances, que la madre y su hijo fueron citados para una supuesta diligencia forense. La cita ocurrió en Jueves Santo, sin oficio formal, sin presencia de peritos judiciales y solo con una química presente.
El resultado del análisis arrojó que los residuos encontrados pertenecían únicamente a la víctima. Para la madre, esto equivale a insinuar que su hijo “se lastimó solo”, lo que consideró un intento por desacreditar el dictamen inicial que sí confirmó una agresión sexual, además del testimonio del niño.
También denunció que, durante la primera revisión médica, se encontró un cabello cano con folículo, registrado como evidencia. Sin embargo, recientemente le informaron que ese folículo “ya no existe”, lo que impide su análisis genético. Hasta ahora, nadie ha explicado cómo o cuándo se perdió esta evidencia clave.
La investigación permanece estancada. Los videos de seguridad del colegio fueron entregados apenas hace dos meses, y la familia no ha recibido garantías de que no hayan sido alterados o editados previamente.
Lo que más alarma a la madre es que, según datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona con el mismo nombre de la madre del presunto agresor trabaja como Secretaria de Director en la Dirección Jurídica de la FGR, el área encargada de asesorar legalmente a la institución responsable de impartir justicia. Asimismo, identificó a otra persona con el nombre del padre del presunto agresor trabajando como Jefe de Sección en el Municipio de San Luis Potosí.
“Exijo que la Fiscal y el alcalde den la cara y aclaren si existe un conflicto de interés que esté frenando esta investigación. No importa cuántos funcionarios estén involucrados: mi hijo fue violentado y merece justicia”, declaró la madre.