Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad promovidas ahora por el Ejecutivo federal y por el partido político Somos México contra la reforma electoral de San Luis Potosí, por lo que analizará la constitucionalidad del decreto 0571 aprobado por el Congreso del Estado, una legislación que ya enfrenta un nuevo frente de impugnación ante el máximo tribunal del país.
En un acuerdo emitido el 30 de julio, la Comisión de Receso de la SCJN ordenó a los poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí rendir los informes correspondientes. Además, notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitir una opinión sobre los medios de control constitucional. Como parte del procedimiento, también requirió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) informar la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad y pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) remitir la documentación relacionada con el registro, estatutos y dirigencia vigente de Somos México.
La impugnación promovida por Somos México sostiene que el Congreso del Estado volvió a modificar la legislación electoral sin realizar la consulta previa a personas con discapacidad.
y a pueblos y comunidades indígenas, pese a sentencias previas de la propia Suprema Corte. De acuerdo con la activista Catalina Torres Cuevas, el recurso argumenta que el Poder Legislativo incumplió la resolución que lo obligaba a efectuar esos procedimientos antes de aprobar nuevas reformas y volvió a legislar sin atender ese mandato.
La reforma electoral de San Luis Potosí ya había sido invalidada por la SCJN por este mismo motivo. En 2020 declaró inconstitucional la totalidad de la legislación electoral por la ausencia de consultas y, en 2022, anuló nuevamente diversas disposiciones al considerar insuficiente el procedimiento realizado. Aunque el plazo para cumplir esa resolución venció en octubre de 2025, las consultas no se realizaron y, en 2026, el Congreso aprobó nuevas modificaciones que ahora son impugnadas tanto por Somos México como por el Ejecutivo federal.
Un día antes de que la Corte admitiera ambos recursos, el vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Guajardo Barrera, aseguró que el decreto fue elaborado para resistir una eventual revisión constitucional. Sostuvo que, en caso de que la SCJN dé la razón a los promoventes, la resolución alcanzaría únicamente los artículos impugnados y no la totalidad de la reforma electoral. Añadió que las modificaciones de fondo se limitaron para evitar afectaciones al proceso electoral de 2027 mientras permanece pendiente la consulta a pueblos y comunidades indígenas.