Abarcaría acciones de prevención de adicciones y atención a problemas de salud mental
Por Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para crear la Secretaría de la Familia en San Luis Potosí, lo que implicaría sumar una nueva dependencia a la estructura de la administración pública estatal. La propuesta reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y fue ingresada al Congreso local en octubre de 2025.
El planteamiento asigna a esta Secretaría la definición de la política estatal en materia de familia, así como la conducción y evaluación de los programas relacionados con este rubro. También le otorga la facultad de coordinar la política familiar de manera transversal en todas las dependencias y entidades estatales, con el bienestar familiar como eje de intervención.
La iniciativa concentra en una sola dependencia la planeación, normatividad, coordinación y evaluación de las políticas públicas en materia de familia, además de la vinculación con instituciones públicas y con sectores sociales y privados. Entre sus atribuciones se incluye la propuesta de convenios, contratos y acuerdos con el Ejecutivo, así como la capacitación de servidores públicos, empresas y organizaciones civiles en política familiar.
El alcance de la Secretaría, según lo expuesto por la legisladora, abarcaría acciones de prevención de adicciones y atención a problemas de salud mental, identificados como factores de desintegración familiar, con énfasis en la infancia y en los grupos considerados vulnerables: “Como legisladores podemos observar que esto tendría un papel esencial en la prevención de problemáticas que inciden directamente en la desintegración familiar, como las adicciones o los trastornos de salud mental”, comentó.
La propuesta prevé además la creación de un sistema estatal de bienestar familiar, con áreas especializadas a nivel estatal y municipal para la atención y orientación de las familias, mediante convenios de colaboración y conforme a las competencias legales. El proyecto fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.