En respuesta a lo señalado por el activista Guadalupe González Covarrubias, el Ayuntamiento emitió un boletín en el que informa que el arrendamiento de vehículos está apegado a derecho.
La contratación para el arrendamiento se llevó a cabo mediante licitación pública, con apego a la Ley de Adquisiciones del Estado y mediante convocatoria pública. La empresa adjudicada cumplía con todos los requisitos legales.
El costo corresponde a los valores de mercado del servicio prestado y la contraprestación incluyó póliza de seguro vehicular con cobertura amplia, mantenimientos preventivos y correctivos, cambio de llantas por desgaste, placas vigentes, pago de tenencia y control vehicular además de kilometraje ilimitado.
Concluido el contrato se optó por la compra a un precio preferencial por debajo del valor de mercado. Una vez adquiridas las unidades se realizó el cambio de propietario en noviembre de 2024, cumpliendo con todos los requisitos legales que solicita la Secretaría de Finanzas. Señalan que para realizar este trámite, el Primer Síndico se acreditó plenamente con credencial de elector vigente.
Con relación al trámite de baja del 6 de diciembre de 2024, éste no fue realizado por el Ayuntamiento y la administración desconoce este procedimiento. A principios de 2025, al intentar realizar los trámites de canje anual y control vehicular de la flotilla en cuestión.
, se identificaron irregularidades, por lo que se solicitó formalmente a la Secretaría de Finanzas que informe y clarifique el procedimiento de quién, cómo, dónde y con qué se acreditó dicho trámite.
Los vehículos utilizan las placas y tarjeta de circulación otorgadas en noviembre de 2024 al Ayuntamiento, emitidas por la Secretaría de Finanzas estatal. Las 42 unidades están asignadas a 21 áreas municipales.