Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, 674 mujeres y personas con capacidad de gestar interrumpieron su embarazo en San Luis Potosí, aunque la mayoría lo hizo fuera de los servicios públicos de salud.
De acuerdo con un informe presentado por el Frente Marea Verde, en colaboración con la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, Abortistas MX y Apoyaré A.C., casi siete de cada diez procedimientos se realizaron mediante redes de acompañamiento feministas.
El documento, difundido al cumplirse un año de la despenalización del aborto en el estado, señala que las reformas aprobadas en 2024 no se han traducido en un acceso real y efectivo al derecho a decidir. Aun con el marco legal vigente, persisten resistencias dentro del sistema de salud y ambigüedades jurídicas que siguen tratando la interrupción del embarazo como una conducta penal.
Los datos obtenidos a través de solicitudes de información indican que, los Servicios de Salud reportaron 136 atenciones, sin precisar en qué hospitales se realizaron, y mencionaron como principal causal el riesgo a la salud, aunque esta figura fue eliminada en la reforma de 2024. El IMSS, por su parte, informó 71 procedimientos en dos hospitales: el General de Zapata, con 64 casos (dos voluntarios), y el General de Ciudad Valles, con siete (seis por violación). El ISSSTE no entregó información dentro del periodo de análisis.
En contraste, las redes de acompañamiento reportaron haber asistido a 467 mujeres en las primeras 12 semanas de gestación. La mayoría de los procedimientos se realizó con medicación, mientras que en el IMSS predominó el método quirúrgico. Además del acompañamiento médico, las colectivas brindaron apoyo emocional, psicológico y logístico durante los procesos.
El informe también advierte la falta de capacitación y protocolos en las instituciones de salud. Los Servicios Estatales reportaron solo dos cursos sobre aborto para personal médico, mientras que el IMSS no impartió ninguno.