Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
Hasta ahora, lo único que se entiende de la propuesta para que los trabajadores tengan acceso a una vivienda aunque sea rentada con patrocinio del Infonavit, es el hecho de que tal vez un trabajador no se endeudaría con la institución, pero al final tendría que pagar el equivalente a lo que estaría cubriendo del crédito y resultaría que la casa no es de él, advirtió Francisco Naif Gallegos, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
Dijo que se avizora un futuro que no fue planeado desde la calle, como ocurría con aquellos que a diario tratan con clientes de vivienda y que conocen el terreno y el mercado, las condiciones económicas y el entorno financiero.
Recordó que los profesionales inmobiliarios acompañan a los derechohabientes para que sepan cómo precalificar y obtener el beneficio de un crédito.
A las autoridades probablemente lo que les falta es la sensibilidad de entender a quienes están en el día a día y en la práctica, como para poder evaluar si un proyecto de esa naturaleza es o no conveniente en este contexto.
Dijo, sin embargo, que la gente que gana de 1 a 2 o 2.5 salarios mínimos es la que ahora no tiene posibilidad de encontrar vivienda de 600 u 800 mil pesos y si la encuentran no la alcanza a pagar y entonces tienen que sumar el crédito con alguien más.
Explicó que también lo necesario es que las partes involucradas se enrolen en mesas de trabajo para clarificar cómo sería y qué impactos tendrían a mediano y largo plazo.
Recordó que la información que se tiene hasta ahora es la propuesta de que nuevamente el Infonavit construya vivienda y que se apoye y facilite a los derechohabientes a que en lugar de comprar, que el crédito aplicado a renta vaya generando un historial y al final decida si se queda o no con la casa.