El desafío consiste en asegurar que el crecimiento del gasto se traduzca en mayor capacidad efectiva de atención
Por El Universal
[San Luis Hoy]
El Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) sigue representando una presión relevante sobre el flujo institucional de recursos durante los próximos años, reconoció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En su “Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social“, entregado a la Comisión Permanente, el organismo subraya que riesgos del entorno inciden sobre la base contributiva y sobre la demanda futura de servicios, particularmente por la evolución del empleo formal, la informalidad, los nuevos esquemas de aseguramiento, el envejecimiento de la población derechohabiente y el crecimiento de enfermedades crónico-degenerativas”.
En el documento, el IMSS subraya que “resulta prioritario fortalecer la incorporación, recaudación, fiscalización, evaluación de nuevos esquemas de cobertura, prevención y detección oportuna, con el propósito de proteger los ingresos institucionales y anticipar presiones de gasto“.
Sostiene que en los riesgos de la operación, el desafío consiste en asegurar que el crecimiento del gasto se traduzca en mayor capacidad efectiva de atención, por lo que la planeación de servicios de personal, medicamentos y material de curación, equipo médico, servicios médicos integrales, incapacidades e inversión física debe realizarse de manera coordinada y con base en evidencia.
“La mitigación de estos riesgos requiere fortalecer la planeación de la demanda, los modelos de atención domiciliaria, la prescripción razonada, la selección de insumos costo-efectivos, el mantenimiento y la renovación de equipo médico, la supervisión de servicios contratados, la pertinencia médica de las incapacidades y la evaluación del impacto de las inversiones sobre productividad, tiempos de espera y calidad de los servicios”.
El IMSS advierte que los riesgos de financiamiento se concentran principalmente en el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), particularmente en la cobertura de Gastos Médicos para Pensionados.
“Su atención requiere una estrategia integral que combine medidas de eficiencia en el gasto, fortalecimiento de la atención primaria, prevención y control de enfermedades crónicas, incorporación de tecnologías costo-efectivas y análisis de alternativas financieras que permitan mejorar la correspondencia entre ingresos, obligaciones y necesidades de atención”.
Señala que deberán mantenerse bajo seguimiento los seguros que presentan retos específicos de sostenibilidad, como el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS).
En este sentido, el IMSS destaca que con el objetivo de garantizar la no afectación de las finanzas de las instituciones que integran el Sistema Universal de Salud (SUS), con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se definirán los instrumentos jurídicos, procedimientos y mecanismos para la operación del esquema de compensación presupuestaria y financiera entre instituciones.
“Conforme a las disposiciones de creación del SUS, las instituciones que lo integran deberán presupuestar obligatoriamente cada año los recursos necesarios para cubrir las compensaciones correspondientes, por lo cual el Instituto eventualmente como entidad prestadora de servicios no deberá tener afectación alguna por la participación en las prestaciones de solidaridad social“.
Sobre los pasivos contingentes, el instituto advierte que el RJP “continuará representando una presión relevante sobre el flujo institucional durante los próximos años, aun cuando se trata de un régimen cerrado“.
Por ello, resalta que será necesario mantener una planeación de liquidez que considere el calendario de exigibilidad de estas obligaciones y el uso prudente de los recursos del Fondo Laboral.
“En paralelo, las contingencias litigiosas requieren mantener acciones de prevención, defensa jurídica, conciliación y mejora de actos administrativos, a fin de reducir la generación de nuevas controversias y contener posibles erogaciones futuras”.
El informe recalca que será indispensable continuar con la estrategia de inversión financiera que el Instituto ha fortalecido en los últimos años, orientada a mantener portafolios diversificados y alineados con una relación adecuada entre riesgo y rendimiento.
“La administración de las Reservas y de las Subcuentas del Fondo Laboral debe considerar la naturaleza, el horizonte y la exigibilidad de las obligaciones que respaldan, mediante criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación. Una gestión prudente y profesional de los recursos financieros contribuye a preservar su valor en el tiempo, fortalecer la capacidad para atender compromisos futuros y respaldar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo”, apunta.
Sobre la simplificación de procesos, la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas institucionales, admite que son instrumentos importantes para mejorar la eficiencia operativa y financiera.
Señala que el fortalecimiento de herramientas como la Plataforma de Hospitalización del Ecosistema Digital en Salud (PHEDS) y el sistema de Finanzas Armonizadas y Transparentes (Finat), así como de otros registros y desarrollos institucionales, permite mejorar la trazabilidad de procesos críticos, reducir cargas administrativas, generar información más confiable y tomar decisiones oportunas sobre insumos, servicios, productividad, nuevos esquemas de aseguramiento y control del gasto.
La participación del IMSS en prestaciones de solidaridad social contribuye a objetivos públicos de protección social; sin embargo, para evitar presiones temporales de liquidez, su implementación debe acompañarse de mecanismos claros de registro, costeo, conciliación y compensación oportuna. La trazabilidad de la población atendida, los servicios otorgados, los costos asociados y las fuentes de financiamiento permitirán asegurar que estos esquemas se instrumenten con transparencia financiera y sin comprometer el equilibrio de los seguros ni la capacidad del Instituto para atender sus obligaciones.