Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
El arranque de 2026, coloca al Gobierno de San Luis Potosí, ante uno de sus principales desafíos en materia de seguridad: regularizar los rezagos en la evaluación de cuerpos policiales y responder a un escenario de creciente inconformidad ciudadana. Como parte de este ajuste, la administración estatal, prevé intensificar la aplicación de exámenes de control y confianza, con una proyección de hasta dos mil evaluaciones a lo largo del año.
La estrategia, de acuerdo con el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, implica un rediseño de los esquemas de supervisión interna y una mayor coordinación con la Federación para acceder a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con el objetivo de ampliar la cobertura de las evaluaciones tanto en corporaciones estatales como municipales.
El replanteamiento ocurre luego de que durante 2025 se acumularan señalamientos contra autoridades de seguridad. Datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dan cuenta de 184 quejas vinculadas con actuaciones policiales, de las cuales una proporción significativa se concentró en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, principalmente por presuntas detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza.
Las deficiencias también se reflejaron a nivel municipal. Evaluaciones recientes evidenciaron inconsistencias en distintos ayuntamientos, como resultados fuera de norma en Matehuala y altos porcentajes de reprobación en pruebas toxicológicas en Villa de Reyes, lo que puso en entredicho los procesos de depuración y control en algunas corporaciones locales.
Ante este panorama, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública plantea la instalación de mesas de trabajo con los 59 municipios para formalizar convenios que faciliten la aplicación de evaluaciones y la gestión de recursos federales. Si bien el incremento en los filtros apunta a fortalecer la profesionalización policial, especialistas advierten que el verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para dar seguimiento a los resultados y traducir las evaluaciones en acciones correctivas efectivas.