Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí avaló reformas para que las denuncias contra personal docente sean atendidas mediante protocolos claros, garantizando procesos imparciales y con respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
El objetivo es evitar afectaciones laborales por señalamientos no comprobados y, al mismo tiempo, fortalecer la atención a víctimas de violencia, acoso u hostigamiento en escuelas.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, explicó que el dictamen modifica el artículo 86 y adiciona el artículo 88 BIS de la Ley de Educación del Estado. Con ello, las autoridades educativas deberán actuar bajo principios de derechos humanos, respetar la presunción de inocencia del maestro denunciado y asegurar el debido proceso, sin que se pierda de vista la protección prioritaria hacia la víctima.
Las reformas establecen que, si tras la investigación no se comprueba responsabilidad del docente, se deberán aplicar medidas para restituir sus derechos laborales y reparar el daño ocasionado por la denuncia. Es decir, ningún trabajador de la educación podrá ser señalado sin pruebas formales o quedar desprotegido ante acusaciones falsas.
El dictamen también incluye una modificación en la Ley Orgánica de la Administración Pública, añadiendo una nueva fracción en el artículo 40. Esta faculta a la Secretaría de Educación estatal a diseñar, operar y supervisar los protocolos de actuación, en coordinación con su órgano de control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, garantizando la confidencialidad de datos y verificaciones objetivas en cada caso.