Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Aunque la Secretaría de Finanzas del Estado presumió mejores calificaciones crediticias y la reducción de la deuda de largo plazo, su titular, Ariana García Vidal, reconoció durante su comparecencia ante el Congreso que el sistema de pensiones, enfrenta una presión financiera estimada en 4 mil millones de pesos y que siguen pendientes de resolución un crédito fiscal de mil 600 millones y diferencias económicas con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Interapas.
García Vidal aseguró que el Gobierno estatal no mantiene adeudos con la Dirección General de Pensiones y que garantizará el pago a jubilados y pensionados. Sin embargo, informó que el número de beneficiarios pasó de cerca de 5 mil al inicio de la administración a casi 10 mil en 2026. Para atender la presión financiera estimada, argumentó que se realizan ajustes presupuestales; este año se autorizaron 2 mil 600 millones de pesos para el sistema, mientras las obligaciones estatales señaladas en su respuesta ascienden a 800 millones.
Otro pendiente es el crédito fiscal de mil 600 millones de pesos, notificado en agosto de 2026 por la omisión del pago del impuesto sobre la renta (ISR) durante 2018, en la administración anterior. La resolución no está firme y la Procuraduría Fiscal analiza medios de impugnación para reducir el monto, al que se sumarían recargos y actualizaciones.