Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
El municipio de Villa de Pozos, endureció su política ambiental con la entrada en vigor de su primer Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental, un nuevo marco normativo que contempla multas de hasta 60 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 6.5 millones de pesos, para quienes incurran en faltas graves o reincidencias relacionadas con contaminación y daños ecológicos.
El nuevo esquema jurídico, publicado en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, otorga mayores facultades a la Dirección de Gestión Ambiental municipal para inspeccionar comercios, industrias y desarrollos urbanos, además de permitir el uso de la fuerza pública en caso de que propietarios o encargados impidan las diligencias de verificación ambiental.
Entre las medidas más estrictas destaca la regulación de vehículos contaminantes. El reglamento faculta a inspectores municipales para retener placas, licencias de conducir e incluso inmovilizar automotores que excedan los límites permitidos de emisiones contaminantes, acciones que podrán ejecutarse en coordinación con corporaciones de tránsito y seguridad vial.
Además, el Ayuntamiento estableció nuevas restricciones para industrias y establecimientos comerciales que descarguen aguas residuales sin tratamiento previo al drenaje o a terrenos abiertos. Las empresas bajo jurisdicción municipal deberán presentar análisis fisicoquímicos semestrales para mantener vigentes sus licencias ambientales, mientras que las descargas clandestinas podrán derivar en sanciones económicas y clausuras.
El documento también endurece las obligaciones para desarrolladores inmobiliarios y constructores. Los nuevos fraccionamientos deberán entregar áreas verdes completamente habilitadas antes de su municipalización, mientras que cualquier derribo de árboles urbanos requerirá estudios georreferenciados y compensaciones ambientales calculadas con base en el volumen forestal afectado.
Otro de los puntos relevantes del reglamento es la creación del Observatorio Ambiental Municipal, organismo honorífico que integrará representantes del Cabildo, sectores agrarios, corporaciones de seguridad y delegaciones legislativas, con el objetivo de supervisar la aplicación de las políticas ambientales y canalizar denuncias ciudadanas relacionadas con contaminación o maltrato animal.