Leonel Mora
[San Luis Hoy]
En estricto sentido legal, el próximo martes 4 de febrero vencerá el plazo para que el municipio de Villa de Pozos acuerde con el Ayuntamiento de la capital el traspaso de la deuda de poco más de 52 millones de pesos con Banorte además de otros pasivos, sin que a la fecha exista una definición clara de ninguna de las partes.
El Decreto 1074 del Congreso del Estado que creó el municipio número 59 del estado, precisa en su título Décimo Octavo que “Dentro de un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la instalación del Concejo Municipal, el Ayuntamiento de Villa de Pozos deberá elaborar un estudio financiero, acompañado de una propuesta de convenio entre éste y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante el cual, de así ser aceptado por ambas partes, se transfiera un porcentaje de los pasivos y deuda pública preexistentes en este último”.
Los 90 días hábiles se cuentan a partir del 1 de octubre de 2024, fecha en la que las y los integrantes del Concejo Municipal poceño rindieron su protesta de ley. Para efectos legales, se consideran días hábiles los que van del lunes al viernes de cada semana.
Hasta donde se pudo investigar, Villa de Pozos no elaboró el estudio financiero ordenado en el Decreto ni la propuesta de convenio. La postura del Concejo, emitida por el secretario general René Oyarvide Ibarra, es que el Ayuntamiento capitalino debe demostrar, primero, que el dinero de la deuda con Banorte y otros pasivos se aplicaron efectivamente en obras y programas de beneficio para Pozos, aunque esta condicionante no se incluye en el decreto del Congreso.