Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
Personajes de organizaciones civiles y de la sociedad civil suscribieron un manifiesto en el que piden que las expresiones de las protestas se concentren en sus exigencias, pero no afecten el patrimonio común, exigieron seguridad y estado de derecho, reivindicación del espacio público y del patrimonio intangible y constituirse en agentes de paz para evitar las adversidades.
Precisan que el estado debe garantizar, sin excepción, el resguardo de todos los inmuebles históricos, civiles y religiosos, porque los templos de culto público son propiedad de la nación y su daño constituye un delito federal, que debe ser investigado y sancionado conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, bajo las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 52 y con base en el artículo 16 de Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público.