Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado plantea endurecer las sanciones por denuncias falsas cuando éstas se dirijan contra servidores públicos, incluyendo de manera específica al personal docente, al considerar que este tipo de conductas ha ido en aumento en San Luis Potosí.
El proyecto, impulsado por el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, propone adicionar un párrafo al Artículo 286 Bis del Código Penal estatal para establecer que, en estos casos, la pena se incremente hasta en una mitad.
De acuerdo con la exposición de motivos, en los últimos años se ha registrado un incremento significativo de acusaciones infundadas, particularmente contra funcionarios públicos, lo que ha generado afectaciones no solo en el ámbito legal, sino también en la reputación, estabilidad laboral y seguridad personal de los involucrados.
El documento advierte que las sanciones actuales —de dos a seis años de prisión y multas económicas— resultan insuficientes para inhibir estas prácticas cuando el señalamiento impacta directamente a quienes desempeñan una función pública.
En el caso del sector educativo, se señala que el personal docente se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, debido al contacto directo y cotidiano que mantiene con la ciudadanía, lo que los expone a señalamientos que, aun cuando no prosperan, derivan en procesos administrativos, penales y sociales con consecuencias duraderas.
La propuesta subraya que las denuncias falsas no solo representan un uso indebido del sistema de justicia, sino que también debilitan la confianza en las instituciones y afectan el desempeño de los servidores públicos.
No obstante, el planteamiento aclara que la intención no es limitar el derecho ciudadano a denunciar delitos, sino promover que éste se ejerza con responsabilidad y apego a la legalidad, protegiendo tanto a las víctimas reales como a quienes puedan ser señalados injustamente.
La iniciativa está programada para ser discutida en sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado el próximo martes 28 de abril, donde se prevé que legisladores analicen el alcance de la reforma y su posible impacto en el sistema de justicia local.
De aprobarse, el Código Penal del Estado incorporaría un tratamiento diferenciado para estos casos, con el objetivo de enviar un mensaje claro contra el uso malicioso de los mecanismos de denuncia como herramienta de presión o desprestigio.