Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El Congreso del Estado de San Luis Potosí reconoce que aprueba leyes sin contar con mecanismos reales para medir si funcionan, se cumplen o generan algún impacto en la población. Bajo ese argumento, los diputados Carlos Arreola Mallol y Roberto García Castillo presentaron una iniciativa para crear una Unidad de Evaluación Legislativa encargada de revisar el efecto de las normas aprobadas y exhibir públicamente el desempeño de las y los legisladores.
La propuesta plantea reformar el Reglamento del Congreso del Estado y el Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas para incorporar evaluaciones sobre leyes, decretos y productividad parlamentaria. En la exposición de motivos, los promoventes admiten que el actual Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa se ha limitado a tareas académicas, documentales y de análisis técnico, sin desarrollar mecanismos que permitan saber si las reformas aprobadas realmente resuelven problemas públicos o quedan únicamente en el papel.
De aprobarse, la nueva Unidad de Evaluación Legislativa tendría facultades para medir el impacto social, económico y político de las leyes emitidas por el Congreso local, además de desarrollar evaluaciones semestrales sobre el trabajo de diputadas y diputados. Los resultados deberán publicarse en la página oficial del Poder Legislativo, como parte de un esquema que busque la rendición de cuentas y transparentar el desempeño parlamentario ante la ciudadanía.
La iniciativa también contempla robustecer las áreas de informática legislativa y sistematización normativa mediante plataformas digitales, bases de datos e indicadores que permitan rastrear iniciativas, dictámenes, decretos y acuerdos. Además, se pretende ampliar las funciones de la Biblioteca del Congreso para convertirla en un espacio de apoyo especializado en investigación legislativa y consulta documental.