Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
El diputado federal David Azuara propuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) haya un recurso suficiente y fijo para garantizar la autonomía financiera de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial Federal.
Ratificó su postura de oponerse de manera no negociable a la reforma que pretende desmantelar el sistema judicial vigente.
Recordó que de San Luis Potosí nada más hay dos diputados federales que votaron en contra de la reforma, y todos los demás se fueron en grupo para manifestarse a favor de la desaparición del Poder Judicial.
Explicó que impulsó junto al Grupo Parlamentario del PAN, reservas para modificar el dictamen.
Recordó que votó en contra del dictamen de la reforma judicial, al
sostener que esta modificación a la legislación, atenta contra la independencia del Poder Judicial y
pone en riesgo la imparcialidad y autonomía de
sus integrantes.
Agregó que, la elección de jueces y magistrados por voto popular no solo politizará a la justicia, sino que también socavará la confianza ciudadana en un sistema judicial que debe ser imparcial y ajeno a presiones políticas.
“Esta reforma, centraliza excesivamente el poder en el Ejecutivo, compromete la separación de poderes que es fundamental en una democracia”.
Precisó que la reducción del número de Ministros de la Suprema Corte y alinear la administración judicial con los intereses del gobierno, se afecta la capacidad ser un contrapeso efectivo y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Aseguró que estos cambios además de amenazar la independencia y eficacia del sistema de justicia en México, pone en grave riesgo la democracia y estabilidad nacional.
“Sin duda, MORENA arremetió de manera vengativa contra el Poder Judicial porque ha frenado reformas regresivas y tóxicas impulsadas por este Grupo Parlamentario”.
En contraste a la propuesta de MORENA, el PAN propuso que el Poder Judicial cuente con un presupuesto fijo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y los poderes de las entidades federativas, asegurando así su autonomía financiera.
“En cuanto al acceso a la justicia, se planteó elevar a rango constitucional el derecho al acceso a mecanismos expeditos de justicia cotidiana y fortalecer, los mecanismos alternos de resolución de controversias”.