Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El Congreso del Estado de San Luis Potosí deberá reformar la Constitución local para reconocer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que la omisión de esta figura vulnera derechos de participación política y se ha mantenido sin atender desde hace años.
La resolución deriva del juicio ciudadano TCLP-JDC-08-2026, promovido por Cenorina Bernal Fernández, integrante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, quien denunció la falta de armonización de la legislación estatal con la reforma constitucional federal en materia de participación ciudadana aprobada en 2019.
El Tribunal concluyó que el Congreso potosino incumplió con la obligación de adecuar el marco constitucional local a dicha reforma, particularmente en lo relativo al mecanismo de revocación de mandato, cuyo plazo de armonización venció sin que se haya incorporado a la Constitución estatal.
La reforma federal publicada en diciembre de 2019 estableció este derecho como un mecanismo de control ciudadano y dio a las legislaturas estatales un plazo de 18 meses para realizar las adecuaciones correspondientes. En el caso de San Luis Potosí, el Tribunal determinó que dicha obligación no ha sido cumplida, lo que constituye una omisión legislativa que limita el ejercicio de derechos político-electorales.
Por unanimidad, el pleno del Tribunal Electoral ordenó al Congreso del Estado realizar la reforma constitucional correspondiente en un plazo de 180 días, al considerar que la falta de armonización mantiene restringido un mecanismo de participación ciudadana reconocido a nivel federal.